Además es Presidente del Consejo de Administración de la sociedad de estudios “Dictamen y Asesoría, S.L.”. Presidente Honorario de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Fundador y Académico de Número de la Academia Europea de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Académico de Número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Miembro Honorario de la Asociación Colombiana de Seguridad Social. Fundador y Director de la Revista General de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Coordinador de la “Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración”, serie “Derecho Social Internacional y Comunitario”. Director del Tratado de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en el Programa Justel (Internet) de Portal Derecho, S.A. Medalla al Mérito en el Trabajo en su categoría de Oro. Cruz de San Raimundo de Peñafort. Comendador de la Orden de Alfonso X El Sabio. Comendador de la Orden del Mérito Civil. Ciudadano Honorario de Neuquén, República Argentina; Comendador de la “Ordem do Merito Judiciàrio de Trabalho”, Brasil.

Sr. de la Villa, ¿qué supone para un profesional de su prestigio recibir un premio como el que le ha otorgado ASNALA a su brillante trayectoria profesional?

Supone una honra muy grande, cualquiera que hubiera sido la fecha de la concesión. Pero cuando se llega a cierta edad, este tipo de recompensas añade la ilusión de comprobar que, pese al paso de los años, hay quien sigue tomando en consideración la actividad profesional realizada.

A este respecto ¿qué opinión le merece el trabajo de las asociaciones de abogados como ASNALA que trabaja por y para difundir el derecho laboral en nuestro país?

La mejor opinión posible. La difusión del Derecho del Trabajo y todo el contenido amplísimo que se encierra en esa denominación (Derecho Sindical, Prevención de riesgos laborales, Seguridad Social, Salud, Asistencia Social, Emigración, Derecho Procesal del Trabajo, Derecho Social Internacional y Comunitario, etc.) es imprescindible en una sociedad desarrollada y cumple una función social de primer orden si se realiza, como es el caso de ASNALA, con el suficiente rigor técnico.

¿Cómo cree que ha evolucionado en nuestro país la profesión de abogado laboralista? ¿Cuál sería ahora el retrato robot del jurista que quiera dedicarse a este asunto?

La evolución ha ido de la mano de la especialización en el amplio campo del Derecho. Hace 70 años, no había abogados laboralistas. Hace 40, eran unos pocos románticos empeñados en la defensa de los derechos de los trabajadores. Ahora son muchos cientos, convencidos de que el Derecho del Trabajo no es sólo una vocación sino un excelente medio de vida. El dato más significativo para corroborar esa transformación es la que han operado los grandes bufetes, reacios a ocuparse en serio del Derecho del Trabajo hasta hace poco más de una década. Hoy prácticamente todos ellos tienen a la cabeza de los respectivos Departamentos, a un catedrático de Derecho del Trabajo. No hay por tanto un perfil específico de abogado laboralista en el presente, aunque lógicamente hay distintos modos de realizar esa maravillosa función.

Respecto a la crisis económica que vivimos, ¿cómo cree que debería ser la reforma laboral que debe hacerse, tiene algún paralelismo con la efectuada en el año 1994?

Absolutamente ninguno. Esta crisis mundial, que se manifiesta en España como en otros muchos países -sin perjuicio de presentar algunas singularidades propias- sólo puede tratarse de una manera : consiguiendo un gran pacto político social en el que cada fuerza y cada interlocutor esté seriamente decidido a renunciar temporalmente a alguno de sus derechos actualmente reconocidos en beneficio de la producción, el consumo y el empleo. Si la reforma consiste sólo en parchear otro poco la ya muy parcheada legislación laboral, el esfuerzo será rigurosamente inútil. En ese saco meto a todos, y desde luego a los empresarios, a los trabajadores, a los sindicatos y a los consumidores.

¿Por qué cree que en estos momentos la legislación laboral española se centra más en la empresa que en el trabajador?

No creo que ocurra nada semejante, simplemente porque tal cosa no es posible. La legislación laboral toma como centro de imputación la actividad de los trabajadores, sus derechos y sus obligaciones, limitando los poderes de disposición empresariales hasta conseguir un punto de equilibrio. Es este punto de equilibrio el que siempre está en cuestión, y la dificultad consiste en mantener invariable el fiel de la balanza en las situaciones de bonanza y de penuria. Claro que en este segundo supuesto, los sacrificios han de ser repartidos, y los trabajadores deberán tener menos derechos si los empresarios pasan a tener menos poderes, por ejemplo para decidir el destino y el futuro de porcentajes importantes de sus plantillas.

¿Qué aspectos habría que modificar de la negociación colectiva a su juicio? No cree que habría que fomentar el empleo en vez de abaratar el despido en estos momentos?

Me hacen Uds. tres preguntas en una que, por tanto, respondo separadamente, aunque de modo esquemático.
El problema de nuestra negociación colectiva es que no es adulta, sino sujeta a la tutela del Estado que, en el momento de la transición política, regaló generosamente representatividades y eficacias generales. Hay que volver a un sistema más abierto y más basado en la voluntad de los trabajadores.
El fomento del empleo se ha hecho asimismo bajo la consideración de que se está ante un enfermo, de modo que las contrataciones indefinidas se han conseguido a altos precios, por medio de subvenciones y bonificaciones. El otro empleo, el malo o precario, se fomenta o desfomenta sólo, porque las contrataciones son una consecuencia de la situación económica general o de los sectores, y suben o bajan en función de ese dato externo.
Hay que abaratar el despido desde luego pero no para que el empresario se ahorre la diferencia, sino para que ésta se destine a indemnizar las extinciones de los contratos temporales. O, dicho de otro modo, lo que hay que hacer es rebajar el importe de las indemnizaciones que corresponden a la ruptura de los contratos indefinidos y aumentar el importe de las indemnizaciones que corresponden a la ruptura de los contratos temporales, buscando entre sus costes la mejor proporción posible. De ese modo, al no haber grandes diferencias, los empresarios perderán el principal estímulo actual de contratar temporalmente incluso a los trabajadores destinados a realizar tareas habituales y permanentes en las empresas. Una medida tal puede acompañarse de una disposición transitoria que mantenga los niveles indemnizatorios actuales para los trabajadores contratados hasta una cierta fecha.

¿Cuál cree que debe ser el papel de los sindicatos en esta hipotética reforma? ¿Y el de las empresas de trabajo temporal?

Los sindicatos deben admitir la reducción temporal de sus derechos, lo mismo que los trabajadores, los empresarios y los consumidores. No es bonito presenciar desde la atalaya como sufren sólo los demás. En contrapartida, los sindicatos deben tener una participación efectiva en la toma de las decisiones importantes sobre la crisis, participando decisoriamente en las medidas que se acuerden. Por cierto, que esos sindicatos habrán de ser cuando menos todos los más representativos, estatales o de comunidad autónoma.
No veo necesidad de reformar nada de la legislación relativa a las ETT’s. A medida que los empresarios hagan mayor uso de la contratación indefinida, su papel decaerá cuantitativamente.

¿Hasta que punto sería efectiva una legislación laboral para las pymes, hasta ahora inexistente en nuestro país?

Ni es cierto que no exista legislación para las Pyme’s (existen una serie de regulaciones aplicables únicamente a las mismas, tanto laboral, como administrativa, como mercantil, como tributariamente) ni es serio pensar en la opción de trocear el Derecho del Trabajo en capas según el tamaño de las empresas. Lo que si cabe es aumentar las asingularidades admitidas por la legislación general, tal y como, por ejemplo, se hizo en un informe-propuesta avalado por las Fundaciones Sagardoy y Banesto que me cupo el honor de coordinar.

Por último, dénos su opinión sobre el problema de la Justicia, ¿qué debería hacerse para agilizarla de forma conveniente?

Si de agilizarla únicamente se trata, más medios, muchos más medios puestos a su disposición, personales y materiales.

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L’Institut Europeu de la Mediterrània organitza, amb la col.laboració de l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona (ICAB), la Generalitat de Catalunya, la Cambra de Comerç de Barcelona i el Museu d’Història de la Ciutat, l’exposició Un mar de lleis. De Jaume I a Lepant, que es podrà visitar a la Capella de Santa Àgata (Plaça del Rei de Barcelona) fins al 15 de febrer. La Biblioteca de Reserva col.labora en la mostra amb tres obres del segle XV i una del segle XVI. 

“Entre els segles XI i XVI, en un escenari com el de la Mediterrània, ple d’enfrontaments entre pobles i estats, la pràctica mateixa del comerç i la navegació van ser els exemples més clars de la vigència i riquesa d’aquells intercanvis. Van ser els segles en què es van configurar un conjunt de pràctiques jurídiques i contractuals, es van compilar codis legals, i es van crear i articular diverses institucions destinades a aplicar aquelles disposicions legals, impartir justícia i organitzar, regular i dirigir la navegació i el comerç [...].

Una de les tradicions amb una transcendència i influència més grans en tot aquell procés formatiu serà la catalanoaragonesa. Les seves aportacions, especialment en l’àmbit institucional (consolats de mar) i de la codificació (Llibre del Consolat de Mar), es deixaran sentir amb força en un dels episodis d’història mediterrània on la cultura catalana ha deixat una de les seves empremtes més duradores i pacífiques”.

L’exposició s’estructura en quatre àmbits. Els dos primers mostren la Mediterrània com un marc de conflicte entre pobles i estats que conviu amb la navegació i el comerç. A l’Àmbit 3. Unes normes per a la mar i l’Àmbit 4. Un llegat català a la Mediterrània i al món trobareu documentació històrica sobre usos, normes, codis i institucions adoptades o desenvolupades a la Corona d’Aragó o sobre la redacció del Llibre del Consolat de Mar. 

L’exposició, emmarcada en el programa d’activitats de l’Any Jaume I, estarà oberta de dimarts a dissabte de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores i els diumenges i festius de 10 a 15 hores. L’accés és gratuït.

“Los perjuicios que se han ocasionado a cientos de miles de usuarios, y que se siguen produciendo en relación a la supuesta huelga de pilotos de Iberia, aconsejan, a juicio de la organización, una urgente regulación de este derecho fundamental”, afirma la OCU.

Según explica, la organización ya hizo llegar esta petición no sólo al PSOE sino a todos los partidos políticos con representación parlamentaria ante las pasadas elecciones generales del 9 de marzo.

Para la OCU, el mal ocasionado a todos los viajeros por parte de los pilotos de Iberia es “bastante más grave que el que sufrirían ellos mismos si sus reivindicaciones no tuvieran éxito”. En este sentido, urge que el Gobierno adopte las medidas de intervención adecuadas para evitar, al menos en los próximos días, mayores daños a los usuarios y para “garantizar debidamente el ejercicio de sus derechos”.

Finalmente la OCU insiste en que Iberia opera algunos trayectos en “monopolio”, y recuerda a todos los pasajeros y también a la aerolínea, que en caso de cancelación y de retrasos existe el derecho a una compensación que no puede negarse aludiendo razones de fuerza mayor.

“El derecho de huelga no es un derecho absoluto y ha de convivir con otros igualmente merecedores de protección, como es el de la libertad de circulación por el territorio de todos los usuarios”, concluye la OCU.

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Por tipos de activos financieros, los fondos de pensiones en renta variable de la zona euro registraron una rentabilidad negativa del 41,6%, más de lo que perdieron los de renta variable de fuera de la zona euro (-34,4%).

Por el contrario, los fondos de pensiones de renta fija lograron cerrar el año en positivo, con una rentabilidad del 6,5%, a pesar de haber estado en negativo durante la primera mitad del año.

Mercer se considera líder en consultoría, ‘outsourcing’ e inversiones con más de 25.000 clientes a escala mundial, a los que ayuda a diseñar y gestionar seguros personales, así como a optimizar su capital humano, junto a otros beneficios.

La firma también se dedica a externalizar la gestión de beneficios. Sus servicios de inversiones incluyen consultoría de inversiones y gestión de gestores de inversiones. En la actualidad, Mercer tiene más de 18.000 empleados en 41 países.

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El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha retomado las negociaciones del sistema de financiación autonómica con cuatro presidentes regionales después de que se haya reunido ya con otros siete con el objetivo de alcanzar un acuerdo durante este mes de enero.

Además de entrevistarse con el presidente de Castilla y León Zapatero se reunió con el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias; el de Murcia, Ramón Luis Varcárcel y el de Castilla-La Mancha, José María Barreda. Todos tienen ya en su mano el borrador del nuevo modelo redactado y presentado por el Ministerio de Economía.

Hoy recibirá en el Palacio de la Moncloa a los jefes de los ejecutivos autonómicos de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; Canarias, Paulino Rivero, y La Rioja, Pedro Sanz. Finalizará su ronda el mañana a las 17, cuando está previsto que se reúna con el presidente de Baleares, Francesc Antich.

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Según indica la sentencia, Manchado constaba como contratado por la citada empresa y tenía a su cargo la comercialización y distintos productos que Steromax distribuía bajo la apariencia de que llevaba a cabo su fabricación. Manchado ha regentado además, un gimnasio en Leganés, una tienda por Internet y un comercio dedicado a la venta de suplementos deportivos.

Entre los productos decomisados, la Guardia Civil localizó tres tipos cuya venta no está autorizada en España. La empresa también se dedicaba a la falsificación de marcas existentes y a la venta sin control médico o farmacéutico de sustancias destinadas a incrementar el tono muscular.

Los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ofrecen a cuatro de los condenados -entre ellos Manchado- la posibilidad de sustituir la pena de cárcel por el pago de una multa de 5.760 euros.

La ‘operación Mazas’ se desencadenó a raíz de la apertura en 2003 de dos paquetes postales en los que se localizaron “sustancias utilizadas clandestinamente para el desarrollo de la masa y la fuerza muscular”. Este hallazgo condujo a la realización de varios registros en los que se decomisaron centenares de dosis de los productos y maquinaria etiquetadora de medicamentos.

El tribunal ha considerado de los condenados formaban parte de un grupo organizado cuya actividad consistía en la adquisición en el mercado nacional o por importación ilegal de sustancias anabolizantes, su almacenamiento y en algún caso manipulación para su posterior distribución y comercialización.

La sentencia especifica que la empresa Steromax carecía de control y autorización por parte de las autoridades administrativas para distribuir estos medicamentos y provocó un grave riesgo para la salud de los destinatarios de los productos, que se administran para obtener aumento muscular en dosis entre 10 y 60 veces superiores a las recomendadas como seguras.

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El primero de los certificados abarca todas las actividades colegiales, con el siguiente alcance:
Deontología (Diligencias Indeterminadas e Información Previa, Expedientes disciplinarios, Recurso de Alzada al CADECA); Dictamen de Honorarios; Gestión de Biblioteca; Formación (Formación y Escuela de Práctica), Administración (Altas, Bajas y cambios de Situación de colegiados), Contabilidad y Tesorería y Revista Miramar.

El segundo certificado comprende el sistema de gestión del Turno de Oficio que realiza el Colegio, con el siguiente alcance: Servicio de Orientación Jurídica, Turno de Oficio, Asistencia al Detenido, Insostenibilidades, Quejas, Expedientes Disciplinarios, Diligencias Indeterminadas e Información Previa.

En ambos casos los certificados comprenden, además de las dependencias de la sede Corporativa y de la Ciudad de la Justicia, las delegaciones del Colegio en Coín, Estepona, Fuengirola, Marbella, Ronda, Torremolinos, Torrox y Vélez- Málaga.

La obtención de estos certificados acredita que los sistemas de Gestión de Calidad por los que se rigen las actividades del Colegio de Abogados de Málaga cumplen los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2001, garantizando la consecución de los objetivos fijados por el Colegio conforme a su Política de Calidad.

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